Arranca la pelea por la venta de combustibles

Avanza el proyecto de ley de los estacioneros que busca poner límites a las petroleras en la venta de nafta y gasoil. Busca desregular el mercado y limita a las petroleras, que hoy dominan el negocio, con cupos de venta directa.

 

Federico Aringoli

Las rutas petroleras que conducen al corazón de Vaca Muerta sumaron esta semana otra estación de servicios. En los últimos años ese circuito, en distintos puntos de la provincia, vio nacer –entre reparaciones y flamantes establecimientos– al menos cinco nuevas bocas de expendio. La foto local parece distar mucho de la película nacional en la que los estacioneros denuncian el cierre sistemático de establecimientos: en los últimos 15 años bajaron la persiana unas 2.000 empresas del rubro.

Con ese argumento como bandera desde la Confederación del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha) y el sindicato de los trabajadores de estaciones de servicios (SoesgyPe) elaboraron un proyecto de ley para cambiar las reglas de la comercialización de combustibles de uso automotor en todo el país.

La iniciativa amenaza con dar vuelta el tablero de lo que hoy se conoce en la distribución y venta de naftas y gasoil. En términos generales se busca desregular el mercado y se limita a las petroleras, que hoy dominan el negocio, con cupos de venta directa. Un esquema similar al que tiene Estados Unidos.

El proyecto, que ya arrastra polémicas, fue traccionado en el Congreso por diputados del massismo y también lleva la firma de la diputada rionegrina María Emilia Soria (FpV). Desde la Cecha hay expectativas de que este año pueda tratarse. El camino es complejo porque la propuesta debe pasar por cuatro comisiones en Diputados, llegar al recinto y partir hacia Senadores, donde le espera el mismo periplo.

Además las petroleras, con YPF a la cabeza, pidieron espacio en la Comisión de Energía de la Cámara Baja para exponer sus negativas a la idea.

La petrolera de mayoría estatal entiende que de prosperar el proyecto su negocio quedaría herido de muerte. La compañía, al igual que otras, funciona como petrolera integrada. Es decir que extrae el hidrocarburo, lo refina y vende los combustibles. Las naftas y gasoil de YPF dominan el mercado con alrededor del 70% de las ventas en el país, pero el porcentaje es mucho menor si la lupa se pone sobre las estaciones de servicio propias.

Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con el límite que la propuesta impone a las petroleras integradas (YPF, PAE, Shell y Pampa Energía tras comprar Petrobras). El texto plantea un límite sobre los volúmenes directos que las operadoras pueden vender. Del total de los combustibles que las compañías integradas comercialicen, sólo el 15% podrá llegar en forma directa al público.

Aclaran que la frontera de corte no implica un tope a la cantidad de estaciones de servicio que tiene cada compañía, la cuenta se hace sobre los metros cúbicos comercializados.

Marcelo Pirri, presidente de la Cámara de Expendedores de Río Negro y Neuquén, aseguró que la única que tendría que hacer readecuaciones sería YPF. “Por los números que estuvimos viendo no se trata de un cambio sustancial porque tiene el 17 o 18 por ciento de venta directa e incluso si tuviera que desprenderse de estaciones de servicios, éstas quedarían en manos de nuevos propietarios pero funcionando”, explicó a “Río Negro Energía”.

Otro de los puntos que genera controversia es la fijación de los precios de venta. El proyecto establece que las petroleras, distribuidoras ni mayoristas podrán fijarle a los minoristas (estaciones de servicios) “precios de reventa, márgenes de ganancia o cualquier otra condición de comercialización”.

Esto ocurre en la actualidad en la cadena de comercialización de los combustibles, pero además los precios son supervisados por el Estado nacional a través del ministerio de Energía que dirige Juan José Aranguren, que hasta ahora define la subas.

Para la Cecha la discusión de fondo es la rentabilidad del negocio. Creen que los contratos actuales de compra de combustibles, a través del modelo de consignación, la fijación de precios y márgenes de ganancias y la participación directa de las petroleras integradas les quita libertad de mercado. Incluso reclaman la devolución de la venta a granel (a empresas de transportes o el agro, por ejemplo) que hoy está en manos de las compañías petroleras.

Si bien desde la cartera de Aranguren buscan liberar los precios de los combustibles para el año próximo, no creen que se necesite modificar el esquema legal de la comercialización de naftas y gasoil. La postura del ministerio es que el soporte que brindan la ley de Defensa de la Competencia, la de Defensa del Consumidor y el DNU 1060/2000 crean el marco legal necesario para regular la relación de petroleras y estacioneros y entre éstos y los consumidores.

Pero puntualmente sobre el modelo de compra de combustibles a mayoristas, plantea que si los estacioneros estiman que el sistema de consignación atenta contra el marco regulatorio vigente deberían llevar el reclamo a la vía administrativa o judicial.

Para Pirri de aprobarse el proyecto se garantiza un mercado liberado que creará las condiciones para mejorar los precios en los surtidores a través de la competencia directa. Pero fundamentalmente entiende que mejora las perspectivas de los estacioneros y evita el cierre hormiga de bocas de expendio.

“El espíritu del proyecto es que se beneficie a las pymes que somos las que damos empleo. Se busca terminar con los contratos abusivos que condicionan el negocio”, finalizó Pirri.

La semana próxima está previsto que el vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF, Santiago Mocorrea, presente l visión de la compañía sobre el proyecto. Las discusiones recién están tomando forma legislativa, pero la guerra en el negocio de los combustibles ya está en marcha.

Desde el Ministerio de Energía, que conduce Juan José Aranguren, no apoyan la iniciativa. Los estacioneros creen que la propuesta puede mejorar los precios.
En números
15%  es el tope que los propietarios de las estaciones piden para las ventas directas de las petroleras integradas.
2.000 bocas de expendio, asegura la Cecha, cerraron en los últimos 15 años en el país.
38 estaciones de servicio tienen la bandera de YPF en la provincia de Neuquén. La última se inauguró esta semana en la ciudad de Centenario.
Desde YPF aseguran que el proyecto los puede herir de muerte al obligarlos a desprenderse de parte del mercado. Llevarán su posición al Congreso.
Corresponsalía Neuquén