El freno al crudo. Crónica de una crisis que va camino a la Corte

El nuevo barril y lo que viene. Neuquén ofreció alternativas al decreto que afecta al sector pero no fueron aceptadas. Las petroleras que no refinan su crudo serán las más perjudicadas.

POR FERNANDO CASTRO

LMNeuquén

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, aseguran, dijo esta frase: “Créanme, soy al que más le duele tener que aplicar este decreto”. La reunión había tenido lugar en una oficina, el jueves por la mañana, cuando las operadoras ya sabían del cuadro de situación que se venía. Era la decisión de un gobierno que se había prendido a Vaca Muerta como motor y leitmotiv del país, cuyos funcionarios habían desfilado en los tres últimos años por los campos shale, y que de buenas a primeras infligía un daño todavía difícil de medir en términos de inversión.

Casi en simultáneo, el gobierno neuquino comenzó a promover un plan b, algo que desde ayer quedó mucho más claro y que excede el carril estrictamente político que se había seguido hasta el momento: su fiscal de Estado, Raúl Gaitán, presentará el lunes un recurso para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad del decreto que le pone un techo al barril de crudo interno y fija un tipo de cambio de $45,15 para el dólar del sector. Un camino similar podría seguir Río Negro.

En Neuquén, el gobierno sostiene que es difícil medir en términos económicos lo que viene: “Lo más significativo para nosotros es el daño a la confianza. Esa construcción de años, de meses, que implica volver a foja cero si esto continúa así”, sostuvo el ministro de Energía, Alejandro Monteiro, en diálogo con +e.

En principio, las más afectadas serán las productoras no integradas. Aquellas que producen pero no refinan su propio combustible reciben un duro golpe. No en vano el CEO de Vista Oil & Gas, Gastón Remy, fue el único que se expresó públicamente. “No se podrán cubrir los costos de producción”, dijo el referente de la empresa presidida por Miguel Galuccio, que acaba de desembarcar en Wall Street.

Fijar un precio del Brent a 59 dólares, con un tipo de cambio pesificado a la baja, implica que finalmente las productoras les vendan a las refinadores un barril a u$s 42,8. “Es un golpe brutal para el shale de Neuquén, con Permian vendiendo su crudo a u$s 55”, graficaba una fuente de una operadora.

Neuquén intentó, en diversos diálogos con el gobierno nacional, que esta carga fuera compartida en partes iguales por la cadena de producción, de refinación y de comercialización. Llevó a la mesa de negociaciones, por caso, diferir, a través de un sistema de certificados de créditos fiscales, el Impuesto de la Transferencia a los Combustibles, de modo que los surtidores tuvieran un reaseguro de cobro si este impuesto era quitado.

También, la posibilidad de compensar con un bono, como ocurrió con el plan gas en el 2015, a las productoras, incluso estableciendo esta posibilidad en la ley de presupuesto que debería tratarse en septiembre.

Está claro que YPF quedó con un pie y un pie: en medio de la crisis, ayer salió a dar una señal al 49% de inversores privados. Les dijo que reducirá sus gastos de capital en 100 millones de dólares por mes para compensar las pérdidas por el congelamiento de precios decretado ayer, según les dijo el CEO Daniel González.

Así y todo, estar en los dos lados de la ventanilla, producir y refinar, la coloca en una situación de ventaja respecto de sus otras competidoras en Vaca Muerta: acaso pueda hacerse fuerte en el procesamiento de sus productos derivados, que no están alcanzados por el congelamiento establecido por el decreto. Al mismo tiempo, aquellas que puedan exportar parte de su producción, como la misma YPF llegado el caso y PAE, también podrán saltar el cerco del precio interno del crudo que rige para frenar el precio de la nafta.

Respecto del frente judicial, queda por ver, en medio de las acaloradas reuniones que se seguían dando ayer al interior de cada petrolera, la muñeca que pudiera llegar a tener la Corte en medio de la transición a los comicios presidenciales de octubre.

“El DNU es, en la práctica, una ley, por eso corresponde que vayamos con una acción de inconstitucionalidad y alguna medida cautelar. Estamos trabajando en alguna otra posibilidad. Pero, por el momento, es el camino que ya estamos siguiendo a partir del lunes en la Corte”, dijo el fiscal de Estado, Gaitán, ante una consulta.

Para la provincia, está en juego un nivel de actividad que la colocó en una suerte de blindaje, con indicadores de empleo por encima de la media nacional y un ritmo de inversiones en torno a los 4000/6000 millones de dólares anuales.