Petroleras reclaman al gobierno un censo de la capacidad de transporte de gas

Nicolas Gandini

Econojournal

Las productoras pidieron por carta a Lopetegui que, antes de avanzar con la licitación del nuevo gasoducto a Vaca Muerta, releva la capacidad de transporte remanente en el sistema. Sugieren que existen obras inconclusas en el sistema de TGS que ya fueron pagadas durante el gobierno anterior. Advierten que es más económico ampliar ductos existentes que construir uno nuevo desde Neuquén.

Las mayores petroleras del país solicitaron al gobierno que realice un censo de la capacidad de transporte de gas remanente en el sistema. El planteo de la Ceph, la cámara que nuclea a las empresas productoras de hidrocarburos, está enmarcado en la licitación que tiene previsto lanzar la Secretaría de Energía, que dirige Gustavo Lopetegui, para construir un nuevo gasoducto troncal desde la cuenca Neuquina hasta el anillo metropolitano con punto de ingreso a Buenos Aires. Es, desde la óptica de Lopetegui, una obra estratégica para viabilizar el desarrollo de Vaca Muerta.

Lo que piden los privados, concretamente, es que antes de avanzar con el concurso de ese proyecto, el gobierno releve qué ampliaciones podrían realizarse sobre ductos existentes que le costarían menos dinero a los usuarios. La misiva enviada a Lopetegui —y también a Mauricio Roitman, presidente del Enargas, y Federico Cafasso, titular de Nación Fideicomisos (NAFISA)— incluso va más allá y sostiene que “existiría una capacidad potencial remanente que resulta una variable a analizar en la medida que se complete su capacidad para trabajar en su máximo operativo”. Lo que advierte la cámara petrolera es que existen ampliaciones inconclusas en el sistema de transporte que podrían ser aprovechadas en lugar de lanzar una inversión de casi US$ 1000 millones para construir un nuevo caño troncal.

Es curioso, pero de manera sutil, la carta —a la que tuvo acceso EconoJournal— da a entender que hay obras de extensión realizadas en el área de concesión de la empresa TGS durante el gobierno pasado (financiadas por NAFISA) de las que la Secretaría de Energía no está del todo al tanto. Puede parecer extraño, pero algunos ejecutivos del sector creen que el Poder Ejecutivo no conoce con precisión esos trabajos encarados durante la administración anterior, que hoy están inconclusos.

“Hay tuberías que NAFISA adquirió con dinero cobrado a los usuarios para realizar un loop (caño paralelo) del gasoducto San Martín, que llega de la cuenca Austral, que están acopiados y podrían ser utilizados”, admitieron allegados al gobierno. “Es una obra que no está terminada”, agregaron.

Mar de fondo

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como las tarifas se gas se mantuvieron prácticamente congeladas, no era posible financiar obras en el sistema de gasoductos con inversión privada. Las empresas argumentaban, con razón, que sus ingresos no les alcanzaban para costear esos desembolsos. Por eso, el Estado, a través de Nación Fideicomisos, respaldó las obras de ampliación de ductos de gas. El problema es que persiste cierta falta de información de detalle en torno a las obras que se pagaron y realizaron bajo ese paraguas.

“Solicitamos al ente regulador del gas (…) que confeccione un censo de la capacidad potencial remanente de acceso público a todos los sujetos activos en la industria del gas natural”, plantea la carta enviada por la Ceph, que representa a YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall, Pampa Energía, Pluspetrol, CGC y Tecpetrol, entre otras petroleras.

En la práctica, el texto sugiere que esos proyectos de ampliación son mucho más económicos que la construcción de un nuevo gasoducto troncal desde la cuenca Neuquina. Es más, la nota plantea que, tal vez, algunas de esas obras puedan costearse con los aumentos de tarifas que ya autorizó el Estado a las transportistas (TGS y TGN) en la última Revisión Tarifaria Integral (RTI). De ser así, no se trataría de una cuestión. Si se pudiese ampliar la capacidad de transporte de gas con las tarifas que se pagan en la actualidad, ¿para qué construir un nuevo caño que, en última instancia, deberá ser costeado por la demanda? En esa clave, lo que están planteando las petroleras es que el gobierno realice un estudio a fondo para determinar la conveniencia económica de cada proyecto.