Rechazo local al destino de gendarmes a Vaca Muerta

Se oponen la Provincia, el gremio de los petroleros y los mapuches.

LMNeuquén

El desplazamiento de la jurisdicción de Gendarmería hasta los yacimientos de Vaca Muerta generó un rechazo generalizado en Neuquén. El gobierno de Mauricio Macri oficializó la habilitación a los centinelas para operar de forma ordinaria en la superficie que guarda uno de los mayores tesoros hidrocarburíferos del mundo.

El gobierno provincial de Omar Gutiérrez se plantó en contra, tanto como la Confederación Mapuche y el Sindicato de Petroleros, del senador Guillermo Pereyra. Los cuestionamientos al despliegue de tropas nacionales entre los pozos shale abarcan desde la incógnita sobre la hipótesis de conflicto que lo funda hasta la presunta injerencia nacional en cuestiones provinciales que implica la acción.

Es una nueva intromisión en las autonomías provinciales, un avasallamiento al régimen federal a través del dictado de una norma que involucra competencias que no le son propias”. Vanina Merlo, ministra de Trabajo, Seguridad y Desarrollo Social mientras Mariano Gaido transita la campaña para ser intendente de la ciudad, expresó la postura del gobierno provincial.

La funcionaria no dejó lugar a dudas: la administración de Gutiérrez rechaza la habilitación al despliegue de gendarmes en los yacimientos de Vaca Muerta. Criticó que el gobierno de la Nación se atribuyó facultades que “son de las provincias, o del Congreso de la Nación o tan solo pueden ser dispuestas por una orden judicial ante una situación concreta”.

Consideró que la disposición de Bullrich implica una “intromisión” de la Nación en la esfera local.

“Todos estamos de acuerdo en proteger a Vaca Muerta como recurso estratégico sostenible, pero ello no puede ser garantizado a través de intromisiones con apariencia de legalidad que terminan generando el efecto opuesto: inseguridad jurídica”, advirtió. “Extiende de manera inconstitucional las áreas de actuación de Gendarmería”, concluyó la ministra.

Por su parte, el líder del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, dijo: “Es inconcebible que se autorice a una fuerza de seguridad a actuar como si estuviéramos en estado de conmoción interna”.

Cuestionó que Macri tomara la decisión sin hipótesis que la sustenten. “No tenemos ataques terroristas que ameriten un estado de alarma semejante”, advirtió.

“Si hubiera alguna información sensible que justificara una medida invasiva, debería hacerse pública o al menos debería haberse compartido con las fuerzas de seguridad locales o en el Consejo de Seguridad, que han dado sobradas muestras de capacidad operativa”, reclamó el sindicalista, que a la vez preside la comisión de Energía del Senado de la Nación. “Parece otro escalón más en la improvisación demostrada por el Poder Ejecutivo en las últimas semanas, que no solo no es capaz de cuidar a la población, sino que toma medidas cercanas al amedrentamiento”, finalizó el petrolero.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche, fue claro en la expresión del rechazo que produce la medida entre las comunidades originarias locales. “Expresamos nuestro más contundente repudio a semejante medida”, sostuvo de entrada.

“Es una actitud descabelladamente peligrosa porque la toma un gobierno que se está yendo, que ha sentido el repudio popular a la errática política que ha llevado adelante”, agregó.

Cuestionó que sea la ministra Patricia Bullrich la ejecutora de la medida. Aseguró que a la funcionaria la denunciarán por su rol en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, ocurrida durante un procedimiento de Gendarmería en tierras reivindicadas por la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen.

Nahuel le endilgó a Bullrich “el error de mandar gendarmes a territorios de las comunidades”. Consideró que la “medida es sumamente grave porque ordena militarizar los territorios comunitarios”. Dijo, además, que con esa avanzada el gobierno nacional responde “con más violencia a una demanda de derechos que se viene planteando por todos los medios”.

Versión oficial

Nación entendió que es “imprescindible proporcionar protección física a las instalaciones de las plantas de explotación de hidrocarburos ubicadas en la Cuenca Neuquina, más precisamente en Vaca Muerta, con el objetivo de asegurar los intereses económicos vitales del Estado nacional”.