Tecpetrol baja tres equipos del área Fortín de Piedra

Busca equilibrar cuentas tras el ajuste en el subsidio.
Tecpetrol también necesita aplicar un ajuste: dejará fuera de su operación en Fortín de Piedra tres equipos de perforación, por lo que sólo continuará su plan de desarrollo, por ahora, con uno solo.

Fernando Castro / [email protected]

LMNeuquén

La decisión es otro coletazo del ajuste del gobierno nacional en el subsidio al shale gas de Vaca Muerta. La empresa es la principal perjudicada por la medida, ya que le reconocerán con el beneficio la mitad de su producción (8,5 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) del total de 17,5 que produce hoy.

Según pudo saber LM Neuquén, la decisión es parte de una readecuación de costos que necesita poner en marcha por la caída de este aporte estatal, luego de tomar deuda para invertir unos 1700 millones de dólares para erigirse en tiempo récord como el jugador de más peso en el shale gas de Vaca Muerta.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder este diario, la empresa irá a la Justicia, ya que considera que la resolución 46 del ex ministerio de Energía es clara en cuanto a los volúmenes de gas que pueden acceder al subsidio.

Tecpetrol venía invirtiendo a razón de u$s100 millones mensuales en el principal proyecto de Vaca Muerta en los dos últimos años.

El ajuste en la operación de perforación no implica que la compañía dejará de apostar al proyecto: hoy alcanzó su plateau de producción, necesita acomodar su ingeniería financiera, pero continuará con las obras que ya tenía en marcha en el campo gasífero en el que empleó a unas 4000 personas durante toda su etapa de desarrollo. Entre ellas, la ampliación de su planta de tratamiento de gas, donde hoy procesa el grueso de su producción.

Al mismo tiempo, seguirá con los ensayos de high density fracking, donde espera optimizar el desempeño por cada pozo. Esto habla a las claras de una intención de replantearse su operación, pero al mismo tiempo estar dispuesta a dar el salto cuando crea que haya condiciones de hacerlo. No tiene en carpeta un recorte en la producción del gas que inyectó. Sin embargo, no es una posibilidad que esté descartada del todo.

Ahora la compañía encarará su plan progresivo de suspensión de los equipos con la que suspenderá sus perforaciones.

Todavía no es del todo claro qué implicará en empleados afectados. La figura es una suspensión de estos equipos, por lo que serán las empresas de servicio las que reasignarían en funciones a estos trabajadores.

De este modo, Vaca Muerta vivió ayer uno de sus días más complicados de los dos últimos años.

El recorte en el subsidio fue la última decisión que tomó el gobierno nacional al no lograr el consenso de todas las operadoras para una nueva normativa para aplicar el ajuste. De este modo, optó reconocer los volúmenes inicialmente declarados por las productoras al acceder al subsidio, y no la producción posterior, pese a que, por caso, Tecpetrol sostiene que se le habían reconocido.

u$s 2300 millones de inversión total preveía hacer Tecpetrol

Es el proyecto con el que comenzó a jugar fuerte a nivel nacional. Esa cifra ahora está en suspenso, a partir de la caída del aporte que fue sustancial para hacer crecer la producción.

Del estímulo a las incógnitas

Una caja acotada

El Gobierno quiere gastar sólo unos u$s 700 millones en este subsidio. No alcanza para el grueso de la producción que aspira a acceder al beneficio.

Una negociación fallida

Desde diciembre, Nación trató de buscar consenso en el recorte con una nueva normativa. No lo logró y le quedó el camino de reconocer menos volúmenes con el aporte.

Lo que se viene

Ahora, Tecpetrol, principal damnificada, va a la Justicia y aplicará un ajuste, sin dejar de lado el desarrollo de su activo.

Se complicó la negociación para ajustar los subsidios al gas de Vaca Muerta

El Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, frenó la publicación de la resolución filtrada a las empresas la semana pasada para ajustar la resolución 46. La modificación del marco regulatorio podría desembocar en juicios al Estado por US$ 2500 millones. La alternativa que baraja ahora el gobierno conllevaría a un conflicto con Techint.

El Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, frenó la publicación de la resolución filtrada a las empresas la semana pasada para ajustar la resolución 46. La modificación del marco regulatorio podría desembocar en juicios al Estado por US$ 2500 millones. La alternativa que baraja ahora el gobierno conllevaría a un conflicto con Techint.

Por Nicolas Gandini

Econojournal

Cuando parecía que el gobierno estaba próximo a cerrar la negociación con las principales petroleras del país para lograr un ajuste consensuado del programa de subsidios milonarios a la producción de gas, la Secretaría de Energía, ahora conducida por Gustavo Lopetegui, puso freno de mano por la negativa de los privados a aceptar la propuesta elaborada por el Ejecutivo. EconoJournal publicó en el último mes una serie de notas que desgranaban el funcionamiento que tendría el nuevo esquema de promoción del desarrollo de gas en Vaca Muerta.

El ajuste funcionaría, en los hechos, sobre dos planos: por un lado, se pasaría a pagar un monto menor en concepto de los subsidios (estímulos a la inversión) que reciben los productores. Y por el otro, se recortaría la producción de gas beneficiada por esa subvención pública.

Lopetegui dedicó la mayor parte de sus primeras dos semanas en su nuevo cargo para presentar el borrador de la resolución escrita por los técnicos de Energía y del Ministerio de Hacienda, uno a uno, a cada una de las empresas involucradas. De lo que se trata, en definitiva, es de modificar la resolución 46/2017 firmada por el ex ministro de Energía Juan José Aranguren.

La convocatoria fue un gesto de apertura del ex vicejefe de Gabinete y fue leída como una buena iniciativa por parte de los empresarios. Sin embargo, dejó entrever cierta ingenuidad. Si Lopetegui creía que la negociación con las petroleras sería relativamente accesible y desembocaría en buen puerto, tras la ronda con las máximos referentes del mercado del gas —YPF, Pan American Energy (PAE), Total, CGC, Wintershall, Tecpetrol, Pampa y Pluspetrol— se convenció de lo contrario.

Litigios en zaga

La rectificación regulatoria que estaba en carpeta, entendió Lopetegui, podría derivar en juicios millonarios contra el Estado por una cifra cercana a los US$ 2500 millones. Eso fue lo que le advirtieron los principales directivos de la industria en los últimos 10 días: si el gobierno cambia el marco normativo y eso afecta sus derechos adquiridos, las petroleras están dispuestas a iniciar reclamos administrativos y en la Justicia para defender su posición.

Frente a ese riesgo, Lopetegui y la primera plana del Ministerio de Hacienda —con especial recomendación del jefe de Legales de la cartera, Ignacio Pérez Cortéz— descartaron la publicación del texto que ya estaba prácticamente redactado. “Es imposible publicar una resolución que deje satisfechas a todas las petroleras. Nos exponemos a litigios múltiples”, reconocieron en un despacho gubernamental. Difícil firmar una resolución con ese panorama.

Cambio de estrategia

La negociación de la resolución 46 es compleja por diferentes motivos: involucra un buen número de empresas (Tecpetrol, CGC, YPF, PAE, Total, Wintershall, Pampa, Pluspetrol), cada una con intereses particulares; y proyectos con diferente estatus: algunos aprobados por el Ejecutivo y otros presentados que aún no fueron autorizados. La decisión de Lopetegui de no publicar la resolución implica un cambio de estrategia que va más allá de lo obvio.

El presidente Macri está al tanto del empantanamiento de la negociación con las petroleras.

La propuesta que puso sobre la mesa el gobierno generó una clara fragmentación en la industria petrolera. De un lado está Tecpetrol, dispuesta a refrendar la alternativa elaborada por los técnicos de Energía. Del otro, el resto de las petroleras, que antepusieron reparos y advertieron sobre el alto riesgo de litigiosidad que acarrea un cambio de normativa.

Lopetegui contaba con el aval de la petrolera del grupo Techint, principal beneficiario del programa de estímulo (percibe casi un 70% de los subsidios totales por su desarrollo en Fortín de Piedra, el mayor campo de gas en Vaca Muerta) y confiaba en poder llegar a un acuerdo con las otras petroleras. La realidad la demostró que eso no es factible en los términos planteados. Por lo que elaboró un plan B, mucho más modesto.

Prioridad fiscal

Conseguir la conformidad de las petroleras era clave para Lopetegui. El plan oficial era publicar una resolución a la que los privados adherirían voluntariamente, previa resignación de cualquier reclamo judicial a futuro por el cambio de las reglas de juego. Eso no parece hoy posible. Por eso, en lugar de presentar un texto cuestionado de antemano por las empresas que, en la práctica, les daría elementos administrativos a los privados para robustecer su posición en un eventual reclamo judicial, en la Secretaría de Energía creen que hoy lo recomendable es la cautela. “Antes que publicar una mala resolución, mejor no publicar ninguna”, reconocieron.

Lo que no puede esperar es el ajuste fiscal. La ingeniería regulatoria en la que trabaja el gobierno tiene un driver central que se cuenta en billetes: la necesidad de recortar unos US$ 600 millones del gasto público. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, le puso un tope al programa de estímulo para el gas de Vaca Muerta: tiene que costar en 2019 unos US$ 700 millones como máximo y no los US$ 1300 millones que costaría si se aplica la norma vigente.

Producción inicial

Caída la alternativa de implementar un nuevo esquema operativo del programa de incentivos, surge un interrogante: ¿cómo cumplir con la meta fiscal? La respuesta a la que llegó el gobierno es empezar a pagar subsidios sólo por la producción de gas declarada por las empresas al momento de solicitar el beneficio. Esa decisión perjudica, fundamentalmente, a Tecpetrol, que inicialmente declaró una producción de Fortín de Piedra de 8,5 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) del hidrocarburo. Hoy extrae el doble, casi 17 MMm3/día y pretende percibir subsidios por ese volúmen, tal como, en rigor, establece la resolución. Durante 2018, la petrolera de Techint presentó varios pedidos de actualización de los volúmenes de gas del yacimiento que van en esa dirección.

Sin embargo, la Secretaría de Energía empezará ahora a interpretar la norma desde otra óptica y limitará el cobro de subsidios a la primera producción informada por las empresas. La opción anticipa un conflicto casi inevitable con Tecpetrol que, de concretarse esa medida, pasaría a percibir en 2019 subsidios por unos US$ 300 millones contra los US$ 500 millones iba a cobrar si se aprobaba el borrador de la resolución filtrada por Lopetegui a las empresas la semana pasada. “Parece difícil que Tecpetrol no avance con un reclamo si eso pasa”, aceptó un colaborador de Dujovne. El resto de las petroleras, en cambio, sí está dispuesta a aceptar esa decisión. Si no pueden obtener lo que desean, al menos se conforman con diezmar a la empresa de Techint, que con su disruptivo desarrollo de gas modificó el mapa de poder en el mercado del gas.